La reciente reconfiguración del Sistema de Inteligencia Nacional dispuesta a través del DNU 941/2025 expone, una vez más, las debilidades estructurales, conceptuales y profesionales que arrastra el esquema de inteligencia argentino desde hace años. Cualquier funcionario público tiene la obligación de denunciar un delito y, eventualmente, intervenir ante una flagrancia; incluso un ciudadano de a pié puede hacerlo si está en condiciones. Las declaraciones de Agustín Rossi son un ejemplo de esa inconsistencia. Esta confusión semántica no es menor: refleja un déficit conceptual profundo sobre la naturaleza real del área de inteligencia. Rossi quedará en la memoria como quien, al frente de la inteligencia nacional, salió a justificar la presencia en el país de un avión iraní con tripulantes vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización con probados antecedentes criminales y terroristas. Se trata de un error técnico elemental.
